Poca Moralidad

Después de una dura semana de evaluaciones, vuelvo a este rincón reservado a los ARISTOI. De las noticias de hoy, me llama la atención una que entronca con la CRISIS (basta ya de eufemismos). Acaba de comenzar el juicio sobre los supuestos informes "inútiles" de la Generalitat de Catalunya. Así pues, el tripartito catalán ha impedido esta semana la comparecencia, solicitada por la oposición, de varios consejeros para dar explicaciones sobre los 1.500 informes externos que encargaron -con un coste de 32 millones de euros- durante el pasado año. Bastantes de esos informes son, según la oposición, de dudosa utilidad, y en algunos casos fueron encargados a personas vinculadas, política o familiarmente, con altos cargos del Govern.
El Tripartito ya había impedido comparecer por el mismo asunto al consejero de Vicepresidencia, Carod Rovira. El argumento ha sido ahora que ya informaron el presidente Montilla, quien retó a la oposición a presentar denuncia en el juzgado, y el consejero Nadal, que aseguró que todo había sido "absolutamente correcto". Ese negacionismo choca con el obstruccionismo frente a los intentos de conocer el contenido de los informes y su necesidad; un pretexto ha sido que ya hay una investigación judicial abierta. Sin embargo, el asunto puede ser legal sin dejar de ser impresentable. Los títulos de muchos de los informes son bastante esotéricos: seguimiento de la almeja brillante, estudio del erizo marino, manejo del cultivo de la chufa, etcétera. Otros parecen alejados de las responsabilidades de gestión de un Gobierno autonómico, como el relativo a la seguridad en Asia oriental.
La crisis económica y sus consecuencias (incluyendo la exigencia de moderación salarial y de austeridad en el gasto de las Administraciones) reducen el margen para la tolerancia de la opinión pública ante este tipo de chanchullos. Uno de los informes, encargado por la consejera de Acción Social, y que costó 11.948 euros (a partir de 12.000 se requiere concurso público) tenía por objeto redactar "10 argumentos para el fomento de juguetes no sexistas". La consejería estaba a favor de esos juguetes pero necesitaba ayuda externa para saber por qué. Y eso que desde 2003 el número de altos cargos de la Generalitat ha pasado de 149 a 236. Esto no me pilla lejos, pues el ayuntamiento de Molina está saturado de personal y hay más trabajadores que mesas. Supongo que esto vuelve a poner en evidencia la falta de moralidad de algunos para manejar dinero público y, por tanto, ajeno.

Un saludo, y perdón por el vacío de tiempo.
Patxeko